En su intervención final en la audiencia de confirmación de cargos, el abogado Nicholas Kaufman aseguró que el caso se basa en “testimonio de oídas, conjeturas y declaraciones contradictorias” de supuestos coautores.
En opinión de Kaufman, la Fiscalía ha presentado solo un ejemplo de una supuesta orden directa de matar atribuida a Duterte y sostuvo que se trata de un “puro testimonio de oídas”, ya que el testigo no escuchó directamente al exmandatario, sino que se limitó a repetir lo que se le había dicho.
“El testimonio es indirecto, sin valor probatorio directo”, señaló, al insistir en que no existe ningún vínculo directo entre su cliente y las 78 muertes incluidas en la acusación, y cuestionó la ausencia de prueba documental o forense.
A su juicio, el estándar jurídico exigido en esta fase preliminar -demostrar que hay “fundamentos sustanciales para creer” que Duterte cometió esos crímenes- requiere una “prueba concreta y tangible” para cada incidente, superior al necesario para emitir una orden de arresto.
En un tono más personal Kaufman relató sus conversaciones recientes con el expresidente en el centro de detención de la CPI, donde, según explicó, Duterte le reiteró que “nunca ha asesinado a nadie” y que no comprende cómo la Fiscalía sostiene su responsabilidad.
“He cumplido con mi deber y he dejado mi legado. Vaya al tribunal y haga su trabajo. Yo ya no puedo ayudarle. No recuerdo mucho”, citó el abogado, quien añadió que su cliente ha aceptado la posibilidad de “morir en prisión”.
El letrado pidió a los jueces que no confirmen los cargos para permitir que Duterte regrese a Filipinas “no para gobernar, sino para vivir en paz el resto de sus días”.
Tras su intervención, el fiscal Julian Nichols solicitó a los jueces no otorgar “ningún peso” a esas declaraciones atribuidas por la defensa a Duterte, y dijo que, si el exmandatario quiere dirigirse al tribunal, debe hacerlo personalmente mediante una declaración y no a través de su abogado.
Duterte, de 80 años, renunció a su derecho a estar presente en estas sesiones, alegando deterioro de salud, aunque un panel médico independiente concluyó que está en condiciones de participar y la acusación insistió en que su ausencia responde solo a una decisión personal.
La Fiscalía acusa a Duterte de tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, basados en 49 incidentes con 76 víctimas mortales, considerados representativos de una campaña más amplia que afectó a los sectores más pobres de la población y dejó miles de muertos entre 2011 y 2019.
La Sala de Cuestiones Preliminares deberá decidir en los próximos 60 días si confirma los cargos y abre formalmente el juicio contra el exmandatario filipino.