"Sus familias no han recibido ninguna información sobre el lugar de detención o indicación alguna sobre si sus seres queridos siguen con vida", advirtieron este viernes en un comunicado conjunto.
Alertaron de que las autoridades chinas someten sistemáticamente a familiares de detenidos a una estrecha vigilancia, controlando sus movimientos, comunicaciones e interacciones sociales.
"Esta supervisión omnipresente crea un clima de miedo por el que muchas familias no se atreven a buscar a sus seres queridos, solicitar información o hablar públicamente sobre sus casos por miedo a represalias", afirmaron.
Los 40 uigures fueron devueltos por Tailandia el 27 de febrero de 2025, al parecer bajo una intensa presión del Gobierno chino y sin aplicar el principio de derecho internacional de "no devolución" en casos en que los detenidos podrían correr peligro en su país de origen.
Antes de su retorno forzoso, los 40 miembros de la minoría uigur, oriunda de la región noroccidental de Xinjiang, habían permanecido incomunicados durante más de una década en un centro de detención de inmigrantes en Bangkok, en condiciones deplorables, sin asistencia legal y también aislados de sus familias.
La desaparición de estos 40 ciudadanos "refleja un patrón más amplio de represión transnacional dirigida contra minorías étnicas y religiosas, así como contra personas percibidas como críticas con el Gobierno chino", subrayaron los expertos.
Firman el comunicado, entre otros, los miembros de los grupos de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y detención arbitraria, así como los relatores para minorías (Nicolas Levrat), libertad de religión (Nazila Ghanea) y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (Morris Tidball-Binz).