Este derecho ya se terminó el pasado 31 de diciembre para quienes llevaban más de 20 años percibiéndolo, aunque para el grueso de los receptores y los nuevos solicitantes, dejará de estar en vigor hoy.
La nueva normativa se aplicará inicialmente a todas las solicitudes de prestación presentadas a partir de marzo de 2026, mientras que para quienes ya las presentaran antes de esa fecha, el Ejecutivo belga ha previsto un régimen transitorio, con una retirada progresiva del derecho en varias fases.
También se modifica el denominado sistema de "prestaciones de inserción", una ayuda destinada a jóvenes o personas con poca experiencia laboral, cuya duración quedará limitada a 12 meses, aunque con excepciones para determinados perfiles.
La supresión se efectuará en lo que la Oficina Nacional de Empleo belga (ONEM) ha denominado "olas" -hasta seis-, que comenzarán con la eliminación del subsidio para personas que hayan acumulado al menos 20 años de desempleo completo durante su carrera, así como a receptores del subsidio de inserción que comenzaron a cobrarlo a más tardar el 1 de enero de 2025.
De esta forma, el Gobierno belga prevé que, con este sistema, el 1 de julio de 2027 se haya eliminado completamente el paro indefinido, con excepciones para algunos colectivos como los artistas, los pescadores y los mayores de 55 con al menos 30 años de servicio, entre otros.
Además, se prevé una continuación temporal del subsidio para trabajadores a tiempo parcial y para desempleados que hayan iniciado una formación en una ocupación falta de mano de obra antes del 1 de enero de 2026.
Los principales opositores a esta medida han sido los sindicatos mayoritarios del país, CSC, FGTB y CGSLB, que presentaron el pasado 29 de octubre demandas de anulación y suspensión a la nueva norma en el Tribunal Constitucional al considerarla "un ataque sin precedentes a uno de los pilares de la seguridad social belga".
Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Bélgica desestimó el pasado 15 de enero la petición de los sindicatos de paralizar la reforma alegando que ninguno de los solicitantes había "demostrado suficientemente que la aplicación inmediata de las disposiciones legislativas impugnadas pueda causarles un perjuicio grave e irreparable".
En las demandas, las organizaciones expusieron casos concretos de personas con nombre y apellidos, su edad, su situación laboral y el perjuicio que supuestamente les iba a causar la retirada del beneficio, que se efectuará por olas en función del tiempo que cada persona haya estado recibiendo la prestación junto a otros factores socioeconómicos.
Para que el Tribunal Constitucional decidiera sobre la suspensión, debían cumplirse dos condiciones: la demostración de un daño grave e irreparable sufrido por uno de los demandantes y la presentación por parte de estos de un argumento sustancial.
El viceprimer ministro y titular de la cartera de Empleo, David Clarinval, celebró la decisión del Constitucional y sostuvo que la reforma "es necesaria para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y fortalecer el apoyo al empleo".