La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, para la operación de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) alegando lesiones a la soberanía y un desequilibrio económico en detrimento del Estado.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que ambos puertos, ahora operados transitoriamente por filiales de las transnacionales Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), serán licitados por separado para adjudicarlos a nuevos operadores, en unos procesos "abiertos y transparentes" que se espera se concreten a más tardar en año y medio.
Panamá es una "plataforma logística consolidada, pero tanto la competencia en la región, como nuestro deseo de crecer y evolucionar, nos retan a elevar nuestros estándares. Debemos superarnos", dijo la presidenta de la Apede, Giulia De Sanctis.
La experiencia de las nuevas concesiones que se licitarán para los puertos de Balboa y Cristóbal debe "impulsar la creación de un nuevo marco legal robusto que abarque todos los puertos y la infraestructura marítima y logística del país.
Este marco debe garantizar estándares más altos, promover la competitividad, y asegurar que los beneficios generados por esta actividad se distribuyan de manera equitativa", añadió.
Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) son dos de los cinco que hay en torno al paso navegable, y en el 2025 movieron 2,67 millones y 1,21 millones de contenedores, respectivamente, lo que en conjunto representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.
El Canal de Panamá no se ha visto afectado por la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal, que no forman parte de la vía acuática ni administrativa ni operativamente.
CK Hutchison y PPC han interpuesto un arbitraje contra el Estado panameño por 2.000 millones de dólares por los dos puertos, que a su juicio han sido tomados de manera "ilegal" por Panamá.