"Los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado", sostiene en su demanda, a la que tuvo acceso EFE.
La demanda, paso previo a la presentación de una querella por injurias con publicidad y calumnias, "sin perjuicio de la posible responsabilidad en otros ilícitos penales", fue interpuesta ante un tribunal de Madrid y en ella solicita la comparecencia de los demandados a un acto de conciliación.
El abogado reclama que para evitar la querella reconozcan "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a su propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia" del cantante.
Además, que rectifiquen sus informaciones y eliminen las noticias relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en su web como en el pódcast 'La casa de Julio Iglesias'.
También, que se comprometan a no publicar en el futuro ninguna información que difame o denigre a Iglesias, al que deberán indemnizar solidariamente en la cantidad que se cuantifique pericialmente.
Según el escrito, los demandados forman parte de "una organización más amplia, formada por una pluralidad de personas, que habrían participado en la elaboración de un montaje periodístico" contra Iglesias a través de elDiario.es y de otros medios como la agencia de noticias en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que también anuncia acciones.
Sin embargo, el digital reafirmó este martes que toda la información publicada al respecto "está contrastada y es veraz", según dijo a EFE su director, Ignacio Escolar.
"No solo recogemos el testimonio de estas dos denunciantes, a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones a lo largo de un año y medio para comprobar la coherencia de su versión. También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar", argumentó.
Agregó que "no es verdad" que los periodistas de elDiario.es participaran en la elaboración de la denuncia: "Fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas", según Escolar.
ElDiario.es y Univision Noticias publicaron el 13 de enero un reportaje en el que dos exempleadas acusaban al cantante de agresiones sexuales, según los medios, fruto de una investigación periodística de tres años y tras hablar con 15 personas que trabajaron entre finales de los años 90 del siglo XX y 2023 en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.
El mismo día de la publicación de esta información se supo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española investigaba una denuncia presentada el 5 de enero contra Iglesias por dos mujeres que trabajaron para él y lo acusaban de presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021.
Finalmente, esa denuncia fue archivada porque la Fiscalía consideró que la justicia española carecía de jurisdicción para juzgar unos hechos ocurridos en el extranjero.
Según la demanda de Iglesias, en los artículos se atribuye de manera directa al cantante la comisión de delitos, "dando como ciertos los hechos que se contienen en la denuncia de las mujeres, en cuya elaboración habría participado el propio medio a través de un supuesto 'trabajo de investigación', sin que en el momento de la difusión de aquellas opiniones se hubiera verificado judicialmente su veracidad".
"El medio no se limitó a dar cuenta de la presentación de la denuncia, sino que difundió los hechos denunciados como reales, incluso haciendo un montaje con actrices profesionales", apunta el escrito.
Para lograr "un mayor impacto y materializar el daño", prosigue, se habilitó un espacio denominado 'Investigación Julio Iglesias', además de la publicación del pódcast, que se podía escuchar en distintas plataformas.
En dichos artículos y el pódcast "se atribuye de manera directa a mi mandante la comisión de delitos, entre otros, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y de explotación y trata de seres humanos, a los que se alude en términos absolutos, sin respetar, siquiera mínimamente, el derecho a la presunción de inocencia", lamenta el abogado.