Al término de una sesión televisada, 54 parlamentarios consideraron que dos de las cuatro solicitudes de destitución presentadas contra la vicepresidenta -hija del exmandatario Rodrigo Duterte (2016-2022)- son "suficientes en sustancia", lo que mantiene vivo el proceso, aunque todavía en una etapa preliminar.
El panel, pese al voto en contra de uno de sus miembros, otorgó a Duterte un plazo de 10 días para que presente una respuesta y así continuar con las fases previstas, que incluyen una votación en el pleno del Congreso y el aval del Supremo, donde se cayó el proceso de 2025.
Una de las demandas aceptadas acusa a la vicepresidenta de traición a la confianza pública, corrupción y sobornos, por el supuesto uso indebido de 612 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) en fondos confidenciales, así como por haber amenazado con asesinar al presidente, Ferdinand Marcos Jr.
El mandatario, por su parte, sobrevivió una solicitud de destitución en febrero, cuando el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes rechazó dos peticiones de juicio político al considerar "insuficiente" el contenido de las denuncias presentadas, en las que le acusaban de presunta corrupción.
Según la Constitución filipina, un proceso de destitución aprobado por la Cámara de Representantes desencadena un juicio en el Senado y, si este emite un veredicto de culpabilidad, el sancionado es expulsado del cargo e inhabilitado de por vida para ejercer un puesto público.
Duterte, quien previamente fue alcaldesa de la sureña ciudad de Davao -el feudo del clan político familiar-, fue elegida vicepresidenta durante las elecciones de mayo de 2022, a las que concurrió formando un tándem con Marcos Jr., si bien en Filipinas se vota a ambos cargos por separado para un mandato único de 6 años.
La alianza de estas dinastías políticas comenzó a desintegrarse ya durante su gobierno y llegó a su punto álgido en noviembre de 2024, cuando la vicepresidenta afirmó haber ordenado matar al presidente si ella misma era asesinada.