En una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores del pasado 3 de febrero, a la que tuvo acceso EFE, Ecuador solicitó a España un pronunciamiento oficial acerca de esta petición de extradición.
Una entrega que, si bien en mayo fue aceptada en firme, quedó supeditada a que en un plazo de tres meses se garantizase de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal en prisión, condición que finalmente en diciembre la Audiencia Nacional dio por incumplida.
La Audiencia Nacional argumentó la condición impuesta para hacer efectiva la extradición en la situación de violencia que existe en las cárceles en Ecuador y pidió por ello a sus autoridades prestar "garantía suficiente de haber adoptado las medidas (...) concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Garantías que finalmente llegaron al tribunal fuera de plazo, justo al día siguiente de que acordara paralizar la entrega.
La Audiencia Nacional las consideró "insuficientes", por lo que dejó al reclamado en libertad, tras haber permanecido en prisión preventiva desde su detención en octubre de 2024 en la provincia de Tarragona (noreste).
Pese a ello, el Gobierno ecuatoriano hizo un último intento de revertir esta decisión y, en la citada nota verbal del mes pasado, manifestaba su interés en obtener la entrega de William Joffre "sobre la base del compromiso de reciprocidad en procesos similares".
La petición de Ecuador fue remitida a la Audiencia Nacional, que fue la que dio luz verde a la extradición bajo dicha condición, y en una providencia notificada este pasado martes, a la que también ha tenido acceso EFE, la Sala se limita a recordar que la nota verbal con la información complementaria sobre las garantías solicitadas, con fecha de 24 de diciembre, fue recibida en el tribunal el 2 de enero.
Documento, añade, que se acordó unir a las actuaciones "y, dada la fecha de entrada, estar al archivo acordado en el auto de 23 de diciembre".
El reclamado tenía dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la acusación de asaltar un canal de televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 para coaccionar al Gobierno ecuatoriano y exigirle que cesara la presión policial sobre las bandas criminales del país catalogadas como terroristas, y otro por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.
Junto a él fue detenido su hermano, Álex Iván, alías Ronco, considerado también cabecilla de Los Tiguerones, cuyo procedimiento de extradición fue tramitado por otro tribunal de la Audiencia Nacional.
En un primer momento, la Fiscalía consideró que, al igual que había ocurrido con su hermano, procedía declarar como no prestadas las garantías y, en consecuencia, denegar la entrega del reclamado y dejarle en libertad.
Sin embargo, la Sala consideró que esas garantías habían sido remitidas en plazo y el fiscal finalmente las aceptó como suficientes.
En este caso, las autoridades ecuatorianas remitieron informes con las recientes medidas del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) para mejorar las condiciones de las prisiones.
Unas "medidas concretas" que la Sala entendió que corresponden con las propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en un auto del 28 de enero las consideró suficientes para acceder a la entrega de Álex Iván.
A Los Tiguerones se le atribuye también el asesinato de César Suárez, fiscal ecuatoriano que murió acribillado con varios disparos poco después de comenzar la investigación por el asalto de la televisión de Guayaquil.