"El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos", apuntó la ONG en el documento, en el que también alertó que "este fenómeno, documentado en el presente estudio, representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica represiva".
También, destacó que entre las víctimas se encuentra la jefa de la unidad de anticorrupción de la organización, Ruth López, detenida desde mayo de 2025 y actualmente "presa política".
El documento reveló que "entre 2019 y 2025, la persecución política dejó de ser selectiva y evolucionó hacia un modelo estructural, sostenido y judicializado" y que "el punto de quiebre fue 2021, tras la captura de las principales instituciones del sistema de justicia" y, "desde entonces, la criminalización penal se consolidó como política de Estado y el miedo se instaló como norma para quienes trabajan por sus comunidades, familias o derechos".
En 2021, con el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) con mayoría en la Asamblea Legislativa, se concentra el 27,7 % de "las personas perseguidas" (68 de 245 casos), "marcando el inicio de la persecución institucionalizada", apuntó.
Según el análisis de Cristosal, la persecución se ejecuta mediante mecanismos que se combinan y refuerzan, como hostigamiento y vigilancia, amenazas, seguimiento, estigmatización y presión directa.
Del total de los casos, 180 (73,4 %) enfrentaron procesos penales, de los que en 174 casos (96,6 %) "la persecución se realizó exclusivamente por la vía penal, mientras que en 6 casos (3,4 %) el Estado la combinó con otras acciones punitivas".
Según la ONG, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas y 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas, en procesos que "presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela".
De las 245 personas documentadas, el 60,4 % son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas, y la persecución contra estos sectores fue constante y creciente entre 2019 y 2025, apuntó.
De acuerdo con el informe, a partir del 2022 la cantidad de personas perseguidas se mantuvo en niveles elevados, aunque con variaciones menores, con 36 casos registrados en ese año y en 2023, un ligero aumento a 39 casos en 2024 y 50 en 2025.
Lo anterior, apuntó Cristosal, "indica que, tras el pico de 2021, la persecución se ha institucionalizado y sostenido en el tiempo, con fluctuaciones vinculadas al contexto político y a la estrategia gubernamental".