La reforma, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada por el Parlamento argentino el pasado 27 de febrero, "es uno de los cambios más importantes del mercado laboral de Argentina en más de dos décadas", resaltó la agencia en un informe.
Moody's resaltó que la nueva ley, "al abordar restricciones de larga data en materia de contratación, inversión y productividad", "apoya las perspectivas de crecimiento a mediano plazo del país y mejora el entorno regulatorio empresarial y la confianza de los inversores".
"Además, la aprobación de la ley por el Congreso constituye un hito en la agenda de reformas promercado del presidente Javier Milei y demuestra la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales políticamente desafiantes", afirma el informe.
La calificadora observó que, sin embargo, "la magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias".
Consideró que es probable que "los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación".
La reforma, aún no promulgada por Milei, es rechazada por los sindicatos y las centrales obreras, que ya acudieron a la Justicia para reclamar que sea declarada inconstitucional.
La nueva ley cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciendo las mismas; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que perjudican al trabajador.