Zevallos, actualmente de 64 años, era buscada por las autoridades desde el 29 de febrero de 2019, cuando su hermano Fernando Zevallos, quien era el dueño de Aerocontinente, también fue condenado a 27 años de cárcel por lavado de activos, lo que se sumó a otros 20 años de prisión que ya cumplía desde 2005 por narcotráfico.
La aerolínea, de la que Lupe Zevallos fue presidenta, alcanzó gran notoriedad en Perú en la década de los años 90 por su bajos precios e incluso llegó a ingresar con éxito al mercado chileno.
La empresaria aparecía en el programa de recompensas que ofrece el Ministerio del Interior con el ofrecimiento de 100.000 soles (unos 29.300 dólares) para quien diera información que permitiera su ubicación y captura.
Este jueves, fue detenida en una casa del distrito limeño de San Borja por agentes de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la PNP, en coordinación con el Ministerio Público.
Al respecto, el coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, declaró a medios locales que la Policía la ubicó hace una semana en un inmueble de San Borja, por lo que se solicitó a la Corte Nacional que autorice el allanamiento de la casa, que es propiedad de uno de sus familiares.
Tras su captura, Zevallos declaró a periodistas que su detención "es injusta y arbitraria" y dijo que durante estos años estuvo "en algún lugar del mundo, protegida por Dios".
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Fernando Zevallos utilizó empresas de fachada que brindaban servicios a Aerocontinente para lavar activos y que su verdadero negocio era el contrabando de cocaína a Estados Unidos y otros países, con cuyas ganancias constituía empresas en Perú y en otros lugares de América.
Por ese motivo, Fernando Zevallos figuró en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos como uno de los "capos" del narcotráfico en Latinoamérica.
Tras haber abandonado Chile a mediados de 2002 bajo acusaciones de competencia desleal y lavado de dinero, Aerocontinente dejó de operar en Perú en junio de 2004, en gran parte por la amenaza de la Casa Blanca de abrir juicios a las empresas que apoyaran sus actividades.