"Quisiéramos expresar nuestra preocupación por el posible impacto que dicha iniciativa podría tener sobre el cambio climático y en el goce efectivo de los derechos humanos", señalaron en una misiva los relatores, expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La carta, dirigida al Gobierno de Javier Milei, lleva las firmas de Damilola Olawuyi (presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales) y Astrid Puentes Riaño (relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible).
También de Albert Barume (relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas) y de Pedro Arrojo-Agudo (relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento).
En la misiva, los expertos indicaron que están en juego el derecho al agua, el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, y los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, "reconocidos en las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina".
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo de Milei, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
El Gobierno alegó que esta modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Entre otros puntos, los relatores de la ONU recuerdan el deber de proteger a la biodiversidad, establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual la Argentina es parte.
También cuestionan el desplazamiento desde un régimen de prohibiciones claras hacia un esquema de determinación caso por caso, y la falta de participación social amplia y adecuada, conforme a los estándares internacionales, en el debate de la reforma, que ya fue aprobada por el Senado el pasado 26 de febrero y ahora debe ser debatido en la Cámara de Diputados.
El contenido de la misiva fue difundido este jueves por organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).