En total, votaron 'sí' casi 8 millones de los 9,1 millones de kazajos que ejercieron la víspera su derecho al sufragio, un 73,12 % del censo electoral (12,4 millones), precisó la CEC.
Menos de un millón de personas (898.099) rechazó los cambios constitucionales que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, aunque en la antigua capital, la rebelde Almaty, el voto de protesta adoptó la forma de apenas un 33 % de participación.
Las cifras oficiales de la consulta popular coincidieron con los resultados de los sondeos a pie de urna publicados anoche, que otorgaban entre un 86,7 % y un 88,6 % al 'sí'.
El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, había llamado a los jóvenes a apoyar la nueva Constitución, aduciendo que la reforma está pensada para servir de guía a las nuevas generaciones nacidas después de la caída de la Unión Soviética.
Los analistas consideran que Tokáyev necesitaba una Constitución renovada en más del 80 % de sus artículos para romper con el pesado legado del padre de la patria, Nursultán Nazarbáyev, del que heredó el poder en 2019.
De hecho, aludiendo a la situación en Irán donde el presidente tiene un papel de gestor ante la gran influencia de los ayatolás, aseguró el domingo que Kazajistán debe ser un Estado laico donde no haya espacio para la "bicefalia".
De esta forma, Kazajistán contará ahora con un Parlamento unicameral (Kurultái) -hasta ahora había dos cámaras- con 145 miembros, que serán elegidos cada cinco años por listas de partidos, y recupera la figura del vicepresidente, que será quien reemplazará al jefe de Estado en caso de dimisión, destitución o fallecimiento.
El legislativo, según los expertos, será más independiente y difícil de controlar, a lo que contribuirá la eliminación de la cuota presidencial. Además, la nueva carta magna impedirá a familiares del presidente ejercer cargos públicos en un intento de combatir el crónico nepotismo en la sociedad kazaja.
Con todo, algunos analistas y observadores extranjeros advierten que, en realidad, la nueva Constitución reforzará el poder del presidente y no contribuirá a la separación de poderes en un país sin apenas oposición política.
Y es que el jefe de Estado también nombrará ahora a los presidentes del Tribunal Supremo, Comisión Electoral, Cámara de Cuentas y Servicio Estatal de Seguridad, y podrá disolver el Parlamento unicameral si éste rechaza en dos ocasiones las candidaturas que proponga, y durante un plazo de dos meses podrá promulgar decretos con valor de ley.
En cuanto al vicepresidente, será designado, no elegido, por lo que necesitará el beneplácito presidencial. También recuerdan sus detractores que la Constitución contempla la creación de un nuevo órgano consultivo, el Consejo del Pueblo, que tendrá también prerrogativas legislativas y podrá convocar referendos, con lo que rivalizará con el Kurultái.
A su vez, la nueva carta magna excluye el artículo sobre la supremacía del derecho internacional sobre la legislación nacional, prohíbe la financiación extranjera de partidos y sindicatos, y estipula que un matrimonio es exclusivamente "una unión entre un hombre y una mujer", en línea con otras autocracias de la región como Rusia o Azerbaiyán.