El acuerdo fue promulgado en una sesión solemne conjunta del Congreso en la que participaron los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, así como el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.
Brasil se convirtió en el tercer país del Mercosur en promulgar el acuerdo tras Argentina y Uruguay, por lo que tan solo falta que lo haga Paraguay.
Alcolumbre destacó la rápida tramitación del acuerdo en el Congreso y dijo que la previsión es que el mismo entre en vigor provisionalmente en mayo, siempre que el cronograma europeo avance sin retrasos.
“Con la debida celeridad, el Parlasur, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron el documento en menos de dos meses. Varias de las reducciones (arancelarias) tendrán efecto inmediato cuando entre en vigor, otras, más estratégicas, lo harán gradualmente a lo largo de los próximos años”, afirmó.
El presidente del Congreso igualmente destacó que se trata del mayor acuerdo comercial entre dos bloques en el mundo, con un mercado de cerca de 718 millones de personas y un producto interior bruto (PIB) sumado de 22 billones de dólares.
Alckmin, que también es el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, aseguró que el Gobierno le comunicó este mismo martes a la Unión Europea que el acuerdo fue promulgado, un paso necesario para su entrada en vigor de forma provisional.
“Si corre todo bien, en mayo entrará en vigor provisionalmente, lo que abre una oportunidad extraordinaria”, afirmó Alckmin, quien aclaró que ese procedimiento permite que parte de las medidas comerciales sean aplicadas antes de la ratificación integral del acuerdo por parte del Parlamento Europeo.
La anticipación de la entrada en vigor de parte de las medidas fue anunciada el mes pasado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, luego de que el documento fuera promulgado por los congresos de Argentina y Uruguay.
Para que entre en vigor de forma plena, sin embargo, el acuerdo tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo luego de que el Tribunal de Justicia de la UE emita un dictamen sobre la legalidad del mismo.