La aclaración oficial surge tras la controversia generada por la reciente estancia en la región administrativa especial de los influyentes digitales, conocidos por su vinculación a la denominada 'manosfera', y la difusión de contenidos críticos hacia las democracias occidentales durante su paso por el enclave asiático.
Los hermanos Tate arribaron a Hong Kong el pasado fin de semana, aprovechando la reciente supresión de las medidas cautelares de movilidad que les afectaban en Rumanía.
En el país balcánico, ambos enfrentan cargos por tráfico de seres humanos, violación y constitución de una organización criminal orientada a la explotación sexual de mujeres para la producción de contenidos de pornografía, acusaciones que los procesados niegan categóricamente.
Durante su estancia, los imputados hicieron gala de su presencia en plataformas digitales, donde se les vio alojados en establecimientos de gran lujo y grabando material en varios distritos de ocio, donde multitud de seguidores se aproximaron para jalearles o fotografiarse con ellos.
Andrew Tate calificó la experiencia de "increíble", ensalzando la "energía vibrante" y la "calurosa recepción" de la población local.
Ante el revuelo mediático, el legislador y exmiembro de las fuerzas del orden, Joe Chan, precisó que la policía local no cuenta con "fundamento normativo" para intervenir sin una solicitud oficial internacional, publicó hoy el rotativo South China Morning Post.
Subrayó que Hong Kong no dispone de un acuerdo bilateral de entrega con Rumanía y que el convenio suscrito con el Reino Unido permanece suspendido desde 2020, coincidiendo con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional promulgada por Pekín.
"El caso ejemplifica el compromiso con el principio de legalidad y los límites estrictos que rigen las actuaciones policiales", señaló Chan.
En la misma línea, el parlamentario Johnny Ng descartó calificar a la urbe semiautónoma como un "santuario para evadidos" mientras los visitantes respeten la legislación vigente. No obstante, propuso reforzar los canales de asistencia judicial mutua a escala global para cerrar posibles lagunas que beneficien a sujetos imputados por delitos de especial gravedad.
Desde el sector jurídico, el abogado Nick Chan atribuyó la responsabilidad de vigilar los movimientos de los Tate a las instancias británicas y rumanas, cuestionando por qué no se ha emitido una circular roja si las imputaciones revisten tal entidad.
En Rumanía, los procedimientos penales continúan en curso. La justicia rumana ya ha avalado una eventual extradición al Reino Unido, pero solo una vez finalicen las diligencias locales. En paralelo, Londres mantiene abiertos cargos por agresión sexual y trata, además de reclamaciones fiscales por importes no satisfechos.
La visita ha fracturado la opinión pública en redes sociales locales, entre quienes defienden la libertad de movimiento o expresan su profunda inquietud por la presencia de figuras vinculadas a la violencia de género y la explotación sexual.