En su análisis, la Corte verificó que el proceso de "negociación, suscripción y tramitación" del acuerdo se ajustó al ordenamiento jurídico vigente.
Además, determinó que las disposiciones del acuerdo son compatibles con la carta magna, especialmente en lo relativo a la inserción económica internacional del país, así como en materia de protección de la salud, el ambiente y los derechos de la naturaleza.
El acuerdo entre ambos países se suscribió en septiembre de 2025 en Seúl y, según informó el Gobierno ecuatoriano, busca ampliar el acceso de los productos ecuatorianos a ese mercado, de más de 51 millones de consumidores, mediante la eliminación progresiva de aranceles para el 98,8 % de las exportaciones.
Se prevé que la medida beneficie a sectores como el camarón, cacao, café o banano y, además, impulse hasta en un 27 % las exportaciones no petroleras.
Más allá del comercio de bienes, el acuerdo incluye veintitrés áreas de cooperación, como servicios, inversión, agricultura o turismo, y se basa en la complementariedad entre ambas economías, con Corea del Sur como demandante de productos agrícolas y Ecuador como proveedor.