En la declaración no solo instó "a acordar un alto el fuego permanente", sino que también exigió "el respeto del derecho internacional, la protección de los civiles y la rendición de cuentas", según la publicación en X compartida por el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett.
Asimismo, el experto indicó que este proceso debe iniciarse con investigaciones rápidas, independientes y transparentes del centro de rehabilitación Omid de la capital afgana.
El alto el fuego entre Afganistán y Pakistán expiró la medianoche del lunes, poniendo fin a una tregua de cinco días en medio de denuncias cruzadas por violaciones del cese de hostilidades y la incertidumbre sobre la reanudación de los combates en la frontera.
La pausa temporal, que entró en vigor en la medianoche del pasado 18 de marzo fue posible gracias a la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía.
Pese al compromiso diplomático, portavoces talibanes denunciaron el lunes fuego intermitente de morteros desde territorio paquistaní durante las últimas 72 horas.
La tregua se gestó como una medida de urgencia tras el bombardeo paquistaní del 16 de marzo contra un hospital de rehabilitación en Kabul.
Mientras las autoridades talibanes sitúan la cifra de muertos en 411, la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha confirmado ya de forma independiente 143 fallecidos, advirtiendo de que el recuento seguirá aumentando a medida que avance la verificación en el terreno.
Este ataque generó una oleada de condenas por parte de la ONU, la Unión Europea y las potencias regionales, que han redoblado la presión sobre Islamabad para evitar una guerra abierta en el sur de Asia.
Esta es la segunda desescalada que expira sin un acuerdo de paz duradero en menos de seis meses, tras el fracaso de un proceso similar el pasado octubre bajo la mediación de Doha y Ankara.
Ambas naciones mantienen reforzada su presencia militar en la frontera desde el inicio de las hostilidades el pasado 26 de febrero.