El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó este jueves 55 de los 130 artículos que contiene el proyecto y acordó dejar la discusión del resto de los apartados para una próxima sesión, posiblemente después de Semana Santa.
"Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (...) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada, solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley", pidió el diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, afín al chavismo, que además se despidió con un "¡feliz Semana Santa!".
El legislativo, en una sesión celebrada el mismo día en que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron a su segunda audiencia en Nueva York desde su captura, el pasado 3 de enero, en una operación militar estadounidense, dio vía libre a puntos relativos a la creación de un fondo y una superintendencia que controle y fiscalice la minería en el país.
Esta superintendencia además podrá "ejercer la administración de los tributos y regalías establecidos en esta Ley", que aún no han sido discutidos.
Asimismo, el artículo 36 indica que el Estado, "por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos".
En el 37 se señala que el Banco Central de Venezuela (BCV, emisor) tiene el "derecho preferente" para la compra de oro que se obtenga como consecuencia de "cualquier actividad minera" en el país, el cual debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.
El debate quedó en el artículo 55 en el que se prohíbe la minería en "poblaciones, cementerios y terrenos sagrados o religiosos, embalses, ríos y canales" y áreas bajo protección ambiental; y establece que el desarrollo de esta actividad en zonas a menos de cien metros de vías férreas, autopistas, carreteras, caminos, aeródromos, puentes u otras obras semejantes, necesitará de un permiso.
Ya la semana pasada, la Asamblea había avanzado en la discusión de 12 artículos, entre ellos los que establecen la intención de la ley de promover la inversión privada y extranjera y los que dan apertura a un arbitraje y a la mediación.
Hace dos días, la presidenta encargada de Venezuela dijo en una reunión con inversionistas que el Parlamento aprobaría esta semana la nueva ley de minas y prometió garantías, seguridad jurídica y política, así como "estabilidad y tranquilidad" para que desarrollen sus proyectos.
En esa reunión, transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que esta ley permitirá el avance en cuanto a "estándares y protocolos internacionales" de inversión, en modelos de negocio de minería y también incluye una flexibilización fiscal.
Los proyectos de leyes en Venezuela deben ser sometidos a dos discusiones en el Parlamento, la primera para una exposición de motivos y una segunda y última que, en este caso, ya acumula dos sesiones debido a lo extensa que es la ley.
De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.
La ley llegó al Parlamento días después de la visita del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la mandataria encargada.
El funcionario aseguró entonces que empresas de su país relacionadas con minería están "deseosas" de operar en Venezuela.
Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.
Burgum también indicó en esa oportunidad que tanto Delcy Rodríguez como el mandatario estadounidense, Donald Trump, quieren "eliminar los trámites burocráticos" para que fluyan las inversiones de capital de Estados Unidos y justo hoy la Asamblea aprobó una ley en este sentido.
La ley orgánica para acelerar y simplificar los trámites y procedimientos del Estado fue aprobada por unanimidad y tiene el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas, así como "superar los trámites y procedimientos administrativos burocráticos, innecesarios, inútiles, impertinentes o complejos".
Entre otras cosas, la ley otorga a la Presidencia Ejecutiva la atribución de "suspender, reducir, modificar o suprimir" cualquier tipo de trámite, procedimiento, requisito o permiso para agilizar procesos, también puede ordenar la digitalización de trámites o crear normativas para la uniformidad de estas gestiones.