Durante la primera sesión virtual de la audiencia de control de acusación del caso, por el que la Fiscalía pide que Sagasti sea condenado a tres años y seis meses de prisión, Checkley comunicó que consideró "fundada la excepción de improcedencia de acción" en el caso de Vargas, lo que determina que no se cometió un delito.
Ante este anuncio, el fiscal William Rabanal, quien iba a sustentar la acusación, sostuvo que la audiencia no debía continuar "hasta que se conozca" la decisión de una instancia superior y remarcó: "Obviamente vamos a presentar un recurso de apelación".
Checkley planteó, sin embargo, suspender la audiencia para verificar una resolución anterior que ordenó que estos casos debían seguir mientras no se tenga una decisión "consentida o confirmada por la sala que va a revisarla", según dijo.
En respuesta, la Fiscalía calificó de "contradictoria" una posible continuación del control de acusación, mientras que el procurador (abogado del Estado) José Luis Villadeza remarcó que la decisión de Checkley es "de fondo, al afectar la situación de los acusados", por lo que pidió que la audiencia sea reprogramada.
Tras también obtener la opinión favorable de los abogados defensores, el juez decidió dar por terminada la sesión y anunció que convocará a las partes para anunciar su decisión final en un plazo máximo de ocho días.
Al comienzo de la reunión, Checkley confirmó que la Fiscalía acusó a Sagasti (2020-2021) de ser autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, al igual que a sus exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice, para quienes pide condenas de dos años y seis meses de prisión.
El juez añadió que los tres acusados solicitaron el sobreseimiento del caso, mientras que Procuraduría Pública requirió el pago de una reparación civil de 400.000 soles (unos 115.000 dólares) por el presunto daño ocasionado al Estado.
Sagasti y sus ministros fueron acusados por retirar, en noviembre de 2020, a 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de las protestas sociales que se produjeron tras la destitución por el Congreso de Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino.
Este último renunció solo cinco días después de haber asumido la jefatura de Estado en medio de grandes movilizaciones ciudadanas que dejaron dos jóvenes muertos en Lima.
En abril del año pasado, el pleno del Congreso de Perú rechazó un informe legislativo que planteó inhabilitar a Sagasti para ejercer cargos públicos durante diez años, aunque sí aprobó solicitar que sea investigado por el Ministerio Público.
El exgobernante ha defendido en reiteradas ocasiones que la decisión de pasar al retiro a los oficiales estuvo "estrictamente enmarcada" en la Constitución y en las leyes peruanas.