La investigación se centró en la supuesta utilización de sociedades pantalla radicadas en Bélgica, Portugal y España, que empleaba facturas falsas para eludir el pago de impuestos vinculados a la importación y venta de bebidas alcohólicas en el mercado español, anunció en un comunicado este viernes la EPPO, encargada de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.
En total, 18 presuntos miembros de la organización, incluidos los cinco supuestos cabecillas, fueron detenidos el miércoles después de que los agentes policiales registrasen 12 localizaciones de las provincias de Barcelona, Tarragona y Valencia, dirigidos a los locales de las empresas, los domicilios de sospechosos y depósitos fiscales.
Además, se intervinieron en España cuentas bancarias pertenecientes a 60 personas y empresas investigadas, vehículos, 40 inmuebles y 430.000 euros en efectivo, y se realizaron otras incautaciones en Portugal.
Según constata la Fiscalía Europea, en el entramado operaban dos depósitos fiscales radicados en España, donde se almacenaban las bebidas alcohólicas sujetas a impuestos especiales, sin obligación de que el pago de esos tributos sea inmediato. El IVA solo se devenga cuando los productos salen de los depósitos para su distribución comercial o consumo.
La red utilizaba intermediarios ficticios ('missing traders') emplazados en España y controlados por la organización, que pasaban a ser responsables del IVA tras adquirir el alcohol, pero desaparecían sin cumplir su obligación fiscal.
A continuación, el alcohol importado se vendía a una cadena de empresas fraudulentas mediante facturas falsas y se distribuía en España, sin abonarse tampoco el IVA derivado de estas operaciones ficticias.
Las autoridades policiales estiman que estas acciones permitieron a los investigados obtener un beneficio de aproximadamente 32,8 millones de euros entre 2019 y 2025, que fueron posteriormente objeto de un presunto delito de blanqueo de capitales. Una de las empresas investigadas tenía vínculos con las Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar.
Las medidas de investigación contaron con el apoyo de la unidad especializada en delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal – UDEF) y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como de las autoridades policiales de Portugal y Bélgica.