El proyecto de ley, que ya había recibido el visto bueno del Senado el pasado 26 de febrero, fue aprobado por la Cámara Baja por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras un debate que se inició en la tarde del miércoles y concluyó en la madrugada de este jueves.
La ley aprobada otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
"Algunos dicen que no vamos a tener más glaciares y, la verdad, eso es no haber leído el proyecto", afirmó el diputado oficialista José Peluc en el debate en el pleno.
La norma aprobada modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
"El ambiente glaciar y periglacial en Argentina representa apenas el 0,4 % del territorio, pero ese porcentaje tan mínimo representa también, nada más y nada menos, que nuestra segura hídrica", afirmó en el pleno Gabriela Estévez, del bloque opositor Unión por la Patria.
La diputada sostuvo que la reforma abre la puerta a que cada provincia tenga un umbral de protección diferente, generando una "asimetría regulatoria muy peligrosa" en la que las provincias compitan entre sí en la flexibilización de los criterios ambientales para atraer inversiones mineras.
El Gobierno ha alegado que esta modificación a la Ley de Glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".
La iniciativa del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.
En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.
En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial.
Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325.