El plan fue presentado esta semana por el Gobierno peruano y busca atender "el problema público de la sobrepoblación penitenciaria", según un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo ministro, Luis Jiménez, enfatizó que "no va a poner en peligro a la ciudadanía en ningún caso".
"No vamos a liberar a delincuentes peligrosos. Este plan se ha elaborado con el objetivo de analizar los egresos potenciales que pueden darse en los penales en mérito a la gravedad de los delitos", sostuvo Jiménez.
De acuerdo a un primer análisis realizado por el Ejecutivo, un total de 24.739 reos podrían ser susceptibles de acogerse al plan, previa evaluación del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y del Poder Judicial.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anticipó que se aplicará una estrategia coordinada que considera los beneficios penitenciarios, conversión de penas, redención por trabajo, conmutaciones de pena, traslados, entre otros procedimientos.
Este plan contempla también la incorporación de 500 nuevos agentes penitenciarios y asistentes técnicos-legales, así como la construcción de nuevas cárceles para 3.200 reclusos en total.
En la primera fase del plan, el Inpe presentará un primer lote de 5.000 expedientes al Poder Judicial a fin de establecer una coordinación y para generar el próximo egreso de internos por delitos de menor peligrosidad.
En una inspección realizada este jueves a la cárcel de Tumbes, ciudad fronteriza con Ecuador, el ministro señaló que el proceso de deshacinamiento no solo busca condiciones dignas en los establecimientos penitenciarios, sino también un significativo ahorro para el Estado peruano de más de 3.600 millones de soles (unos 1.070 millones de dólares) en infraestructura carcelaria.
El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos apuntó que el costo promedio de mantener a un preso en las cárceles peruanas es de 147.000 soles (unos 43.500 dólares) al año, considerando estándares mínimos de infraestructura como servicios higiénicos, espacios de trabajo, educación, salud y seguridad.
Jiménez señaló que este impacto equivale a dejar de edificar aproximadamente 41 penales de 600 internos, 20 penales de mayor envergadura con capacidad para hasta 1.200 internos, u 8 megapenales con capacidad para 3.000 internos cada uno.
Según el ministerio, la magnitud del ahorro cobra mayor relevancia si se considera que una cárcel para 600 presos demanda cerca de 88,2 millones de soles (unos 26 millones de dólares o 22,3 millones de euros), mientras que un megapenal puede superar los 441 millones de soles (unos 130 millones de dólares o 111,6 millones de euros).