La normativa permite al Gobierno chino adoptar contramedidas en ámbitos como el comercio, la inversión, la entrada y salida de personas o la cooperación internacional frente a actuaciones de otros países que, según Pekín, vulneren el derecho internacional o perjudiquen a sus ciudadanos y empresas.
El primer ministro, Li Qiang, firmó un decreto del Consejo de Estado (Ejecutivo) que promulga el nuevo reglamento, compuesto por 20 artículos y en vigor desde su publicación, con el objetivo de proteger la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país, según la agencia oficial Xinhua.
Asimismo, el reglamento establece que China podrá ejercer jurisdicción sobre determinadas conductas fuera de su territorio cuando exista una conexión con sus intereses, ampliando los mecanismos legales para actuar frente a decisiones adoptadas en el exterior con impacto en el país.
Además, dispone que ninguna organización o individuo podrá aplicar ni colaborar en la aplicación de esas medidas extranjeras, salvo autorización expresa. Este principio ya había sido introducido en normativas adoptadas en 2021 y queda ahora reforzado en el nuevo marco regulatorio.
Estas disposiciones pueden obligar a empresas con actividad internacional a optar entre acatar sanciones impuestas por otros países o cumplir con la legislación china.
El texto prevé también la creación de un sistema de entidades consideradas "maliciosas" contra organizaciones o personas que participen en la aplicación de dichas medidas, con posibles restricciones en ámbitos como el comercio, la inversión o la entrada en el país.
La normativa contempla igualmente que empresas y ciudadanos afectados puedan acudir a los tribunales para reclamar compensaciones por los perjuicios derivados de estas actuaciones.
En los últimos años, Pekín ha criticado el uso de sanciones unilaterales y medidas con alcance fuera de su territorio por parte de otros países, en ámbitos como las restricciones a exportaciones tecnológicas, las limitaciones a inversiones o las sanciones que afectan al comercio de energía.
La adopción de este marco coincide con un periodo de creciente presión sobre el comercio internacional, las inversiones y los flujos energéticos, en un escenario marcado por la guerra en torno al estrecho de Ormuz, que ha alterado el suministro global de petróleo, así como por tensiones en rutas marítimas estratégicas y nodos logísticos como el Canal de Panamá, y por disputas regulatorias y tecnológicas que inciden en los intereses económicos y de seguridad de China.