Así lo explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien dejó claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la regularización es "un acto de coherencia ética y de justicia social".
Recordó que los interesados podrán empezar a solicitar la regularización a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.
Esta regularización, que el Gobierno anunció en enero pasado y prevé dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas, llega después de una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político.
En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, asegura que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden.
Pero también se trata, señaló, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis económica de 2008.
Y también de "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren.
En una rueda de prensa en Pekín, donde se encuentra de viaje oficial, el jefe del Ejecutivo español subrayó que esta regularización la pidieron distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.
Sin embargo, el conservador Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición, se opone a esta regularización, que califica como "sinsentido" y "barbaridad", y ha anunciado que usará todas las instancias para denunciarla.
Por su parte, Vox (ultraderecha) recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo y lanzó este martes una campaña de concienciación sobre las consecuencias de la inmigración "masiva".