En una declaración conjunta, las organizaciones "asumen el compromiso de devolverle al pueblo el ejercicio de su soberanía, mediante la coordinación efectiva y constante de acciones consensuadas" como "redoblar esfuerzos por la liberación plena e incondicional de todos" los presos políticos o personas bajo "desaparición forzada".
Así como "impulsar planes de acciones conjuntas, fortaleciendo la acción cívica y la no violencia, que ejecutaremos dentro y fuera de Nicaragua, para debilitar y aislar a la dictadura" además de una "narrativa común para expresar la voluntad de cambio de los nicaragüenses, respetando la diversidad de voces y evitando cualquier forma de uniformidad ideológica".
El 18 de abril de 2018, miles de nicaragüenses comenzaron a salir a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007.
Las protestas dejaron al menos 355 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Por su parte, el Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que la "dictadura fracasó porque no ha podido borrar el significado profundo de abril" ni "arrancar la verdad del corazón de los familiares de las víctimas ni ha podido clausurar la esperanza de todo un pueblo que clama por democracia".
Así el colectivo quiso honrar "las 355 personas asesinadas, a las personas presas políticas, a quienes han sido desaparecidas forzadamente, desterradas, desnacionalizadas, perseguidas y despojadas de su patrimonio y de su patria", así como a "toda la juventud que sigue exigiendo un cambio".
En medio de este aniversario, Estados Unidos sancionó hoy al viceministro del Interior de Nicaragua por participar en "graves violaciones de los derechos humanos" al igual que esta semana también se anunció sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense y cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.