Según su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo' (abril 2026) publicado este martes, el Ejército de Sudán y sus aliados recuperaron en enero y febrero la capital, Jartum, y el estado de Gezira, y lanzaron represalias contra la población civil, en particular contra la comunidad kanabi, a la que acusaron de colaborar con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
En octubre, las FAR tomaron Al Fasher, capital de Darfur Norte, en el oeste de Sudán, tras un asedio de 18 meses y cometieron "matanzas masivas de civiles, violaron a mujeres y niñas y las sometieron a otros actos de violencia sexual" y tomaron rehenes para pedir rescates.
El grupo también intensificó sus operaciones en la región de Kordofán, donde llevó a cabo ejecuciones sumarias, como en la localidad de Bara, en Kordofán del Norte, en el sur del país, según el documento de AI.
Amnistía Internacional subrayó que la violencia sexual relacionada con el conflicto fue "generalizada y sistemática" por parte de las FAR, que la utilizaron para humillar, castigar, infundir miedo y desplazar a mujeres y comunidades enteras en Jartum, Gezira y Darfur, si bien también señaló al Ejército de cometer violaciones, acoso sexual y tortura sexualizada contra mujeres y hombres, especialmente durante detenciones.
El informe alerta, asimismo, de que actores externos, en particular Emiratos Árabes Unidos, alimentaron el conflicto con "transferencias irresponsables de armas", incluido armamento chino avanzado suministrado a las FAR y utilizado en Darfur.
En el ámbito humanitario, más del 50 % de la población sudanesa sufre inseguridad alimentaria aguda con hambruna detectada en varias zonas y millones de personas en riesgo de morir de inanición, agravado por los bloqueos impuestos por grupos armados y los recortes en la ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos.
Amnistía Internacional exige a las partes en conflicto que protejan a la población civil, pongan fin a los ataques selectivos e indiscriminados y garanticen el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas, y reclama a la comunidad internacional que detenga las transferencias de armas y redoble los esfuerzos para poner fin a la impunidad.