"Los transportistas no podemos seguir absorbiendo el incremento del diésel y no estamos en capacidad de subsistir ante un incremento más, por lo que la suspensión del alza debe ser inmediata", dijo en una rueda de prensa Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), que agrupa a pequeños y medianos transportistas del país.
El dirigente señaló que ellos aceptaron la eliminación del subsidio el año pasado, porque el Gobierno se había comprometido a emitir políticas públicas para "equilibrar el sistema de bandas" por el que se determina el valor en función de los precios internacionales, pero que eso no se ha cumplido.
Con la medida tomada por Noboa, el precio del combustible pasó de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares, lo que provocó protestas lideradas por el movimiento indígena que duraron un mes y dejaron dos muertos por arma de fuego y 473 heridos, según organizaciones de la sociedad civil.
Este mes el precio llegó a 2,96 dólares, alza que, según Ortiz, ha hecho que los márgenes de utilidad de los transportistas se reduzcan "drásticamente" o registren "pérdidas constantes", lo que ha llevado "al colapso" a "miles" de ellos.
El presidente de Confetrape aseguró que este martes van a presentar este reclamo al Gobierno y que esperarán unos quince días por una respuesta. Plantean propuestas como focalizaciones.
"Si el Gobierno no responde a la petición de los transportistas, no seremos nosotros los que paralicemos nuestra actividad, será el Gobierno quien nos está induciendo a apagar nuestros motores, no porque queremos, sino porque no tenemos para poder cubrir el costo operativo de nuestras unidades", señaló.
El incremento del precio del diésel se suma a las preocupaciones por la inseguridad en varias de carreteras del país. Ortiz afirmó que ya han denunciado que los transportistas son víctimas de asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos, pero que aunque las fuerzas de seguridad logran capturar a los presuntos responsables hay jueces que, aseguró, los liberan.
Además, los gremios exigieron al Gobierno que revise los aranceles impuestos a exportaciones colombianas, que el próximo 1 de mayo subirán al 100 %, ya que la medida también está provocando desempleo y precarización laboral a quienes trabajan en la frontera norte.