Los universitarios fueron formalizados ante la Fiscalía Regional de Los Ríos en calidad de autores por insultar, empujar y rociar con agua a Lincolao, mientras salía escoltada del campus donde se encontraba participando en la apertura del año académico, tras toparse con un grupo de jóvenes manifestantes que la agredió, según vídeos difundidos en redes sociales.
Los implicados son acusados por el Gobierno chileno, que había pedido prisión preventiva, y por el Ministerio Público, que solicitó arresto domiciliario nocturno, pero fue desechado y el juez añadió la prohibición de acercarse a la víctima y presentarse ante el juzgado cada quince días por los próximos 120 días que dio de plazo para la investigación.
"Vamos a evaluar la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna que solicitamos. Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza", declaró la fiscal Alejandra Navalón.
Los detenidos son dos hombres, estudiantes de bioquímica y pedagogía en historia y ciencias sociales, y una mujer que cursa la carrera de antropología.
"Me siento triste por los estudiantes, porque me imagino que hoy se arrepienten de esos hechos", señaló Lincolao a la chilena Radio Infinita.
La ministra añadió que el caso "es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no".
La ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por su parte, señaló que están "conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas bajo la violencia, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia".
La agresión fue condenada de manera transversal por todos los sectores políticos y se produjo en medio de una preocupación creciente por el aumento de casos de violencia en las escuelas.
La misma semana del ataque, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para combatir la violencia en las escuelas, que ya está siendo discutido en el Parlamento y que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y bolsos o la prohibición de portar prendas que tapen el rostro.