El organismo regional sostuvo en un comunicado que "la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena".
La Asamblea Legislativa de El Salvador, a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ratificó el pasado 26 de marzo una reforma constitucional que habilita la pena perpetua para casos de violación, homicidio y pertenencia a grupos terroristas o de pandillas.
También aprobó una serie de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil y otras normas secundarias, con lo que la cadena perpetua quedó habilitada para aplicarse también a menores de 18 años.
Sin embargo, en el decreto aprobado para incluir a los menores de edad en esta pena el Congreso afirmó que "mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a lo dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica".
La CIDH apuntó también que la aplicación de la cadena perpetua en El Salvador, "en un contexto de suspensión del derecho a la defensa, podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad".
Esto en referencia a la suspensión de garantías constitucionales vigente en el país desde marzo de 2022 mediante un régimen de excepción, que fue aprobado para combatir a las pandillas pero que, según denuncias de diversas organizaciones humanitarias, ha derivado en violaciones a derechos humanos.
A juicio de la CIDH se ha dado una "prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción", por lo que llamó al Estado de El Salvador "a poner fin al uso continuado de esta medida como parte de su política de seguridad para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común".
Indicó que son más de 91.500 personas detenidas, con lo que la población total encarcelada rondaría las 130.000, mientras que suman más de 500 personas fallecidas en custodia del Estado.
El régimen de excepción es la medida más popular del Gobierno de Bukele y le granjeó su reelección inmediata en 2024, a pesar de la prohibición constitucional vigente en ese momento, y el Ejecutivo le atribuye la marcada reducción de los homicidios y violencia de las pandillas.
Sin embargo, investigaciones periodísticas del medio local El Faro apuntan que la serie de asesinatos que se cobró la vida de unas 87 personas en un fin de semana que dio pie a la aprobación del régimen se dio tras la ruptura de una pacto entre el Gobierno y las pandillas, acusaciones que las autoridades han rechazado.