El documento, correspondiente al balance regional de 2025, señala que al cierre del periodo de corte se encontraba en proceso de aprobación y próxima a publicación una investigación dedicada exclusivamente al caso mexicano, lo que coloca nuevamente al país bajo observación internacional por la dimensión de esta problemática.
De acuerdo con la CIDH, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 133.601 casos, con el Estado de México, Jalisco y Tamaulipas como las entidades con las cifras más altas.
“El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que habría 133.601 personas desaparecidas y no localizadas”, expone el informe. Añade que las entidades con mayor número de casos son el Estado de México (14.844), Jalisco (13.635) y Tamaulipas (13.614).
Para la CIDH la desaparición de personas y la emergencia forense "continúan siendo una crisis humanitaria grave" y alertó por los feminicidios, transfeminicidios y asesinatos de personas de la comunidad LGTBIQ+ , así como del alza en los casos de trata y de la violencia contra las mujeres.
Pese a este panorama, la Comisión reconoce que durante 2025 el Estado mexicano fortaleció sus mecanismos de respuesta institucional, particularmente en materia de búsqueda.
En ese sentido, el organismo señala que México reforzó sus protocolos de búsqueda y mecanismos institucionales frente a la crisis de desapariciones, como parte del seguimiento a las recomendaciones emitidas en años previos.
El informe también documenta presuntas violaciones graves a derechos humanos en operativos de seguridad realizados en distintas entidades del país durante el año pasado.
Entre los hechos señalados figuran las ejecuciones extrajudiciales de dos menores en Badiraguato, Sinaloa, el 6 de mayo de 2025, así como la muerte de una pareja en El Aguajito, también en Sinaloa, y la desaparición de un adolescente durante un operativo en Guanajuato en junio del mismo año.
Además, la CIDH advirtió que, aunque se han impulsado campañas y programas oficiales para combatir la tortura, la armonización legislativa de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura continúa pendiente en la mayoría de las entidades federativas.
La próxima publicación del informe especializado sobre México se da en un contexto de creciente presión nacional e internacional por el avance de las desapariciones y las demandas de colectivos de familiares.
Apenas a principios de abril, un informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) expresó la posibilidad de que los desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, situación que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de forma tajante.