La encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la estatal Universidad Nacional (UNA), reveló que la población costarricense calificó el tema económico con una nota de 6,89, de 10 posibles, mientras que la infraestructura y la educación recibieron un 6,69 y 6,06, respectivamente.
En contraste, en la parte inferior de la calificación aparecen el combate a la violencia contra las mujeres (5,14) y seguridad ciudadana (4,69), que reciben las peores notas.
Para un 65,8 % de la población, el principal problema del país es la seguridad ciudadana, mientras que mucho más atrás aparecen la economía, con un 14,4 %, y los temas políticos e institucionales con un 13,5 %, indica la encuesta.
El 64,8 % de los encuestados tildó la situación actual de seguridad del país como mala o muy mala; un 12,3 % como regular y un 22,7 % como buena o muy buena, cita el reporte.
Costa Rica registró en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
En 2024 la cifra de homicidios fue de 876 y en 2023 de 905, un récord en el país. El 60 % de los homicidios son atribuidos por las autoridades al narcotráfico.
El presidente Rodrigo Chaves, que terminará su mandato el próximo 8 de mayo, obtuvo las mejores valoraciones entre los altos funcionarios del Gobierno con una nota de 6,7. La mayor puntuación del presidente en esta medición fue de 7,7 en septiembre de 2022 y la más baja fue de 6,5 en marzo de 2024.
La encuesta también profundiza en la opinión ciudadana sobre algunas acciones emprendidas por el Gobierno. La que más adeptos obtuvo fue “las críticas realizadas por el presidente al Poder Judicial”, con un 52,9 %.
Para los investigadores del Idespo estos resultados exponen el "conflicto en el sistema institucional costarricense", al mismo tiempo que la "estrategia política de dirigirse a los poderes de la República refleja una tendencia hacia el debilitamiento de contrapesos".
Durante su Gobierno, Chaves, un economista de derecha, ha criticado constantemente a instituciones como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa, pues a su juicio, paralizan sus proyectos y el desarrollo del país.