La UGTT subrayó, en un comunicado, que la suspensión de la LTDH por 30 días supone una "amenaza de uno de los logros más importantes de los tunecinos" en la defensa de la justicia y las libertades, ya que -recordó- la ONG desempeñó un rol "histórico" en la protección de los derechos fundamentales, apoyó a "víctimas de violaciones" y contribuyó a consolidar una cultura de enfoque humanitario.
El sindicato destacó que la suspensión supone un "retroceso" en los compromisos del Gobierno respecto a la libertad de asociación y expresión, que, según diversas organizaciones, sufren restricciones constantes desde que el actual mandatario, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021.
En este sentido, la UGTT afirmó que "atacar a componentes de la sociedad civil" y a organizaciones no gubernamentales solo "debilitará los fundamentos del Estado de derecho".
Asimismo, manifestó "su plena solidaridad" con la LTDH y exigió la revocación de la decisión, a la vez que pidió la garantía de "un entorno seguro" para la actividad social.
La decisión provocó numerosas reacciones de organizaciones, cómo el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés), que exigió el pasado sábado la revocación "inmediata" de la medida, al considerar que supone "un ataque directo" a uno de los actores "más importantes" de la lucha por los derechos humanos en el país.
Mientras, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) calificó de "vergonzosa" la decisión y dijo temer una mayor represión del espacio cívico.
Frente a las múltiples restricciones, numerosos miembros de organizaciones nacionales e internacionales denunciaron un deterioro del clima de libertades y una intensificación y aceleración de la represión a la disidencia desde 2021.