En una breve nota de prensa, la agencia antinarcóticos de Singapur indicó que el sexagenario, cuya identidad no fue revelada, había sido declarado culpable de posesión de estupefacientes con propósitos de tráfico.
"Se le garantizó el debido proceso conforme a la ley y estuvo representado por un abogado durante el juicio y la apelación", dice el escrito.
Como ocurre con todas las ejecuciones, las autoridades explican que las peticiones de clemencia hechas por el acusado al presidente "no tuvieron éxito".
"La pena capital se impone únicamente por los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los drogadictos, sino también a sus familias y a la sociedad en general", concluye el texto.
La nación asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.
Los ahorcamientos, el método que emplea la próspera isla asiática, aumentaron en Singapur en 2025 -15 confirmados por las autoridades, mientras las ONG hablan de 17-, superando el récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.
La isla, gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos.