"El Estado de derecho es esencial para garantizar los derechos humanos de la gente, pero también es esencial para garantizar la seguridad jurídica, que es una condición esencial para atraer inversiones", afirmó Costa en unas declaraciones ofrecidas luego de que fue recibido por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
El presidente del Consejo Europeo dijo que la solidez de los tribunales es el cimiento que refuerza la seguridad jurídica exigida por los capitales internacionales para asentarse en la región centroamericana.
Destacó que el intercambio comercial entre Guatemala y la Unión Europea (UE) se duplicó en la última década, mientras que las inversiones del bloque casi se triplicaron, y subrayó que para potenciar este crecimiento, la certeza jurídica y la independencia judicial son indispensables para atraer capitales mediante el programa de inversiones Global Gateway.
La estrategia europea Global Gateway, lanzada en 2021, tiene como objetivo movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través de un enfoque de Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados Miembros y sus instituciones financieras y de desarrollo.
En Guatemala, la estrategia europea inyectará financiamiento en proyectos clave de infraestructura sostenible, como el sistema de transporte masivo Aerómetro de la capital, la electrificación rural con energías verdes y la descontaminación del río Motagua.
Tras la reunión con Arévalo, celebrada en la capital guatemalteca, Costa entregó al Gobierno guatemalteco el informe preliminar de la Misión de Acompañamiento de la UE que vigiló la renovación de las altas cortes y entes electorales.
"Mi visita llega en un momento importante para la institucionalidad del país, apenas concluido un importante proceso de renovación de autoridades judiciales y electorales. El resultado del proceso es globalmente positivo y merece nuestro aplauso", declaró el alto funcionario europeo.
Este proceso incluyó la designación de Gabriel García Luna como nuevo fiscal general en sustitución de Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la UE por socavar la democracia y perseguir a la oposición política, a periodistas y activistas.
"Compartimos la preocupación por los casos de instrumentalización del sistema judicial, y la criminalización de defensores de derecho humanos, los responsables de la lucha contra la corrupción y líderes indígenas. Los intentos de descarrilar la voluntad democrática de los guatemaltecos son inaceptables", sostuvo Costa.
Ambos líderes coincidieron en la urgencia de aplicar reformas profundas al sistema de justicia para prevenir futuras crisis institucionales y blindar el Estado de derecho.
Por su parte, Arévalo valoró el respaldo de la UE frente al crimen transnacional y el narcotráfico mediante una serie de programas, un apoyo que se enmarca en un histórico compromiso con el arraigo democrático de Guatemala que se remonta al acompañamiento institucional tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996.
Dicho lazo estratégico se intensificó tras la crisis política de 2023, cuando el bloque comunitario defendió la transición de poder civil mediante el despliegue de una Misión de Observación Electoral (MOE) frente a las maniobras judiciales que buscaron socavar los resultados de las urnas.