García Luna, de 57 años, fue el máximo responsable de la seguridad pública bajo el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), época en la que lideró la estrategia de la conocida como ‘guerra contra las drogas’.
Fue arrestado en Dallas en 2019 y en 2023 un jurado en Nueva York lo declaró culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico y de mentir en su solicitud de ciudadanía estadounidense, por lo que cumple una condena de casi 39 años de prisión.
Aunque sus abogados han apelado la sentencia que cumple en EE.UU. por narcotráfico reclamando violaciones al debido proceso.
La dependencia explicó, en un comunicado, que la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg, ligada al entonces funcionario, y a empresas relacionadas al pago de 578,5 millones de dólares como “reparación del daño patrimonial” ocasionado al Estado mexicano por la llamada “trama corrupta”.
Asimismo, detalló, que durante el proceso se acreditó la intervención de personas físicas y morales, quienes participaron en “mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos”.
Precisó también que durante el proceso se integró “un amplio acervo probatorio conformado por documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional”.
La UIF aclaró que dicha resolución se suma a las sentencias previamente obtenidas en contra de García Luna y su cónyuge, Cristina Pereyra, dictadas por la jueza estadounidense Lisa Walsh en mayo de 2025, por un monto superior a 2.448 millones de dólares.
“El monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3.067 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación relevante”, señaló el texto.
Según el Gobierno mexicano, la sentencia también forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial, un asunto al que la UIF, aseguró, dará seguimiento.
La noticia se da el mismo día en que la agencia calificadora Moody’s Ratings rebajó la calificación soberana de México a ‘Baa3’ desde ‘Baa2’, el último escalón dentro del grado de inversión.