La medida fue formalizada mediante un decreto de urgencia publicado este martes en el diario oficial El Peruano, en el que se indicó que la intención es mitigar el impacto negativo del aumento del precio de los combustibles, que está poniendo en riesgo la continuidad y eficiencia del servicio de transporte público que se ofrece en la capital peruana.
En ese sentido, autorizó una transferencia de partidas por hasta 44,17 millones de soles provenientes de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que serán destinados al subsidio, así como a los gastos de implementación y gestión de la medida.
Según la norma, el subsidio será administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y se calculará en función de los kilómetros efectivos recorridos durante la prestación del servicio, una información que será validada mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).
El apoyo económico se otorgará durante un período de 60 días y para acceder a él los transportistas deberán contar con una serie de autorizaciones y registros vigentes, además de un sistema de control por satélite que transmita información en tiempo real al Centro de Gestión de la ATU.
La medida se oficializó un día después de que los gremios de transporte público de Lima y el Callao suspendieran el paro indefinido que habían convocado a partir de este martes en la capital de Perú, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno para que se atiendan sus demandas.
Al respecto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, anunció que el Gobierno se comprometía a publicar un decreto de urgencia para establecer el subsidio temporal "bajo un régimen excepcional" para el transporte urbano de pasajeros en la capital peruana.
Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, confirmó la decisión de suspender el paro, aunque reiteró que "el sector transporte urbano se encuentra atravesando por una severa crisis económica".
Los transportistas denunciaron previamente un supuesto incumplimiento del Gobierno de acuerdos tomados en abril pasado, entre los que se incluía un bono por el aumento del precio de los combustibles, así como mayores medidas de seguridad ante el embate del crimen organizado, que ha incrementado las extorsiones y ataques a los transportistas públicos.