"Le pido públicamente que no persigan más a nuestros dirigentes para apresarlos. No reprima a mi pueblo alteño y no emita el decreto de excepción. El diálogo es el mejor camino", dijo Roca en un acto junto al presidente de Bolivia en la casa de Gobierno en La Paz.
En ese evento, Paz y Roca firmaron un convenio para poner en marcha planes de desarrollo para esa ciudad, vecina de La Paz y la segunda más poblada del país, donde se concentran desde inicios de mayo las protestas de sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Roca, que asumió a principios de mayo, dijo que en los conflictos sociales de 2003 y 2019, los ciudadanos de El Alto dieron sus "vidas por la defensa de los recursos naturales y la democracia".
El alcalde aludió así a la llamada 'guerra del gas', una revuelta social ocurrida en 2003 contra políticas de exportación de hidrocarburos a EE.UU. por puertos chilenos que dejó más de 60 fallecidos, varios de ellos en El Alto, y a la crisis postelectoral de 2019 en la que también hubo muertos en enfrentamientos en esa ciudad.
"¿Qué hemos recibido a cambio?. Nada. Solo hemos sido escaleras", lamentó Roca y aseguró que no está de acuerdo con que "se derrame una sola gota más de sangre".
Por su parte, Paz destacó la importancia del diálogo con diversos sectores, pero también ratificó la vigencia de la recientemente promulgada ley de Regulación de Estados de Excepción para enfrentar a "aquellos que son violentos o aquellos que irrumpen la tranquilidad de los bolivianos", si bien aún no emitió el decreto para implementar esa medida.
"Cuando la Constitución manda y dice 'vivir bien', el bloquear es una suerte de morir. El bloqueo mata a El Alto porque su negocio, su forma de sacar adelante es producir y generar comercio", dijo.
Según el gobernante, hay políticos que quieren "imponer una visión" a favor de intereses "de la extrema izquierda" y "de la extrema derecha" para que El Alto y La Paz sigan en conflicto.
Asimismo, ratificó que no dejará "pasar al narcoterrorismo" y que "sus días están contados" porque, a su juicio, detrás de las protestas en el país está el narcotráfico vinculado a organizaciones internacionales.
De forma paralela al acto, en el centro histórico de La Paz volvieron a marchar los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva sietes meses de Gobierno.
Los conflictos han provocado desabastecimientos de alimentos, combustible y medicamentos en algunas ciudades, con pérdidas económicas por más de 2.300 millones de dólares y hasta el momento han dejado al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras.