El nuevo jefe del Ejecutivo, Péter Magyar, ha reivindicado la "importancia histórica" de unas reformas para, por ejemplo, aumentar el control del patrimonio de los políticos y que atribuyen más competencias a la Autoridad de Integridad que examina sus declaraciones de bienes.
La reforma establece que los diputados, los miembros del Gobierno y otros altos cargos pueden ser condenados a hasta 2 años de cárcel si no declaran todos sus bienes e inmuebles.
También se modifican varias leyes de lucha contra la corrupción para, por ejemplo, exigir más transparencia a las entidades públicas y a determinadas operaciones bancarias.
El objetivo del Gobierno es derogar disposiciones aprobadas durante los 16 años de Gobiernos de Orbán (2010-2026) y que la Comisión Europea consideró que suponían violaciones del Estado de derecho, lo que llevó al bloqueo de esos fondos.
La reformas suspenderán o transformarán decenas de fundaciones privadas financiadas con fondos estatales, creadas por Orbán para gestionar universidades y otras entidades de interés público.
El partido de Magyar, el Tisza, ganó las elecciones del 12 de abril y tiene una mayoría del 70 % en el Parlamento.
"Hemos escuchado durante años del Gobierno anterior que la Unión Europea retiene fondos comunitarios por motivos políticos, de que se trata de la inmigración ilegal o Ucrania", afirmó la noche del martes Magyar, al anunciar que el paquete fue presentado al Parlamento.
Bruselas ha congelado un total de 17.000 millones de euros correspondientes a Hungría durante los Ejecutivos de Orbán.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció a finales de mayo el desbloqueo de 16.400 millones de euros para Hungría, tras semanas de negociaciones con Magyar.
El Gobierno húngaro tiene hasta el 31 de agosto para cumplir las condiciones de Bruselas para desbloquear esos fondos.