La movilización, denominada 'Marcha Política', buscó reclamar por la vulneración y omisión de los derechos de las poblaciones diversas.
"Nos hemos decidido movilizar por la Justicia (...) hay burocracia, prejuicios, retardos y corrupción que no se está atendiendo, y ahí la población con diversa orientación sexual e identidad de género es víctima", dijo a EFE el activista Álex Bernabé.
Bernabé señaló que Bolivia cuenta desde hace varios años con leyes que garantizan los derechos de las personas LGBTIQ+, pero afirmó que "hay instituciones que no las conocen", por lo que estas normas han quedado solo en "términos narrativos y discursivos", sin una aplicación real.
También consideró que en el ámbito judicial persisten "prejuicios" contra las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, lo que les "impide" acceder plenamente a la Justicia.
La marcha comenzó en la Manzana 1, ubicada en el centro histórico de Santa Cruz, y pasó por sitios como la Catedral, la Fiscalía y el Palacio de Justicia, considerados por los organizadores como los principales "símbolos de la Justicia" en esa región boliviana.
La manifestación estuvo marcada por la presencia de banderas con los colores del arcoíris y otras con tonos rosa, celeste y blanco que representan a las personas transgénero y transexuales, además del uso de tambores y la participación de una reina de belleza de esa comunidad.
"Hazte oír, grítale a Bolivia lo que sientes", decía uno de los carteles exhibidos a los transeúntes, mientras que otros reclamaban justicia por amigos o familiares fallecidos en circunstancias trágicas.
La 'Marcha Política' se realiza en Santa Cruz desde 2017 y se diferencia de los desfiles u otras manifestaciones más alegóricas que suelen celebrarse cerca del 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo, porque tiene el objetivo de exigir respuestas institucionales a las demandas de inclusión de la población LGBTIQ+.
En años anteriores, esta movilización protestó contra el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía y la Gobernación de Santa Cruz al considerar que esas instituciones "no mostraron la capacidad" para comprender las necesidades de la población LGBTIQ+ o por impulsar normas "en contra de los derechos humanos", afirmó Bernabé.
La Defensoría del Pueblo llamó en mayo al Estado boliviano a garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ ante la persistencia de hechos de violencia y crímenes de odio contra la población con distinta orientación sexual e identidad de género.
En 2025, la entidad defensorial registró 72 denuncias por vulneraciones a los derechos de las personas LGBTIQ+, la mayoría en los departamentos de Santa Cruz (19), La Paz (12) y Cochabamba (10), los más poblados de Bolivia.
Según ese reporte, las instituciones "más denunciadas" son la Fiscalía, los gobiernos municipales, los tribunales departamentales de justicia, la Policía Boliviana y los servicios departamentales de salud, que mantienen "barreras en el acceso a la justicia y a servicios esenciales".