"El papel del Poder Judicial en la República Islámica de Irán es proteger los derechos del pueblo, revitalizar los derechos públicos y las libertades legítimas, combatir la corrupción, aplicar la justicia, establecer las normas divinas y supervisar la aplicación de la ley", afirmó Jameneí en un comunicado con motivo de la Semana del Poder Judicial, sin especificar casos ni dar detalles sobre violaciones de derechos o de la ley.
La máxima autoridad política y religiosa de Irán, que no ha sido vista ni escuchada en público desde su designación en marzo pasado, dijo que "el resultado del éxito en este camino, además de la satisfacción divina, será el fortalecimiento de la confianza del pueblo en este pilar" de la República Islámica.
También defendió un sistema judicial en el que "todo oprimido" encuentre amparo y en el que quienes ostentan poder no se atrevan a vulnerar los derechos de los demás.
El líder supremo iraní insistió en que la sociedad espera que la transformación judicial deje de limitarse a documentos y planes y se traduzca en resultados concretos, con una "actuación más firme contra la corrupción, una reducción de la vulneración de derechos, mayor rapidez en la tramitación de los casos, sentencias de mayor calidad y un acceso más fácil a la justicia".
Jameneí añadió que la protección de los derechos de los ciudadanos no debe limitarse a los asuntos individuales, sino abarcar también los derechos públicos y sociales, como la seguridad económica, la igualdad de oportunidades, el acceso equitativo a los recursos naturales, un medio ambiente sano, las libertades legítimas y una gobernanza eficaz.
Sus afirmaciones llegan en un momento en que el país registra un aumento de las ejecuciones de personas detenidas durante las protestas antigubernamentales de enero y de reos acusados de delitos relacionados con la seguridad nacional en medio de la guerra.
Las protestas de enero que exigían el fin de la República Islámica fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial, aunque organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.
HRANA denunció en un reciente informe que la situación de los derechos humanos en Irán es "preocupante", ya que solo en junio se han registrado 127 ejecuciones y más de 800 detenciones relacionadas con la libertad de expresión.
Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024, la cifra más alta de ejecuciones en el país en décadas, según Amnistía Internacional.