En el estudio, titulado 'Incendios forestales en Portugal: más de 80 años muestran que el país tiene que cambiar', presentado este martes en Lisboa, los responsables alertan de que, pese a que ha habido mejoras en el combate, sigue habiendo varios factores de riesgo que promueven su generación, como las condiciones climáticas del país, la gestión insuficiente del territorio, los fenómenos meteorológicos extremos y el avance del cambio climático.
"El ritmo del cambio climático podrá exceder la capacidad de adaptación del paisaje forestal y de preparación de los ciudadanos ante los desafíos futuros, a no ser que la gestión del riesgo de incendios forestales pase a ser considerada una prioridad nacional más elevada", plantea la organización ecologista.
Por ello, propugna que España y Portugal establezcan un pacto para coordinar los corredores transfronterizos de material combustible, intercambiar información y armonizar los protocolos operativos, ya que existen "dificultades prácticas" a raíz de la diferente organización político-administrativa, comunicativa y de comando de ambos países.
Además, Greenpeace sostiene que deben actuar de forma coordinada junto a la Unión Europea "para garantizar financiación a largo plazo, para combatir la despoblación rural y aumentar la resiliencia a los incendios".
La organización defensora del medio ambiente advierte de que sin un sistema preventivo estructural, el combate siempre llegará "demasiado tarde". Y al respecto, exige que Portugal cumpla la meta de neutralidad climática para 2040 con la reducción progresiva de los combustibles fósiles y se comprometa a gestionar anualmente "por lo menos el 1 % del área forestal total" del país.
"Esto incluye limitar rigurosamente la expansión de monocultivos de eucaliptos sin gestión adecuada y promover especies autóctonas más resistentes al fuego", precisa la ONG.
Según sus datos, cerca del 90 % de las tierras forestales son de propiedad privada y se encuentran "altamente fragmentadas", por lo que propone que el Estado luso concluya "urgentemente" el sistema de información catastral, con objeto de definir los límites de las propiedades y envolver a los privados en la reducción de riesgos.
Otras sugerencias de los ecologistas se refieren a que Portugal implemente una estrategia de prevención social ante los fuegos generados por la acción humana (responsable del 95 % de los incendios rurales, según sus datos), impulse una mayor transparencia presupuestaria y fomente las compensaciones a aquellos propietarios de tierras que implementen sistemas positivos para el medio ambiente.
Greenpeace recuerda en su informe que Portugal fue uno de los países europeos más afectados por los incendios rurales en las últimas décadas, hasta el punto de que algunos años ha sido el que ha notificado la mayor área incendiada.
El documento señala también que aunque la mejor gestión ha reducido el número de incidencias, los incendios de gran dimensión son mayores y además "son más rápidos, extremos y difíciles de controlar".
Según sus datos, en 2017, los cinco mayores incendios superaron todos los anteriores, mientras que en 2025 se registró el mayor incendio registrado hasta la fecha, con un área ardida de 68.500 hectáreas. Asimismo, el año pasado fue además el cuarto más grave desde 1980, con un balance de cinco personas muertas y 250.000 hectáreas consumidas por las llamas.
Respecto a 2025, el informe de Greenpeace recuerda que debido a las dos olas de calor que hubo en julio y agosto, "las condiciones favorecieron la propagación de varios incendios de gran dimensión que, en pocos días y superaron la capacidad del sistema de combate a incendios", habiéndose registrado por primera vez en el mismo año seis incendios con áreas ardidas superiores a las 10.000 hectáreas.
La tendencia lineal de superficie media quemada en Portugal en los cinco incendios de mayor magnitud de cada año refleja un aumento importante, al pasar de 950 hectáreas en 1980 a 9.730 hectáreas en 2025, concluye la organización ecologista.