El fin de la 'Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional' (Szvh) fue decretado con los votos del gobernante partido Tisza del primer ministro, el conservador Péter Magyar, que cuenta con más de dos tercios de los escaños parlamentarios.
En contra votó el Fidesz de Orbán, que tras permanecer en el poder durante 16 años es minoritario hoy, después de perder las elecciones legislativas de abril, informó la prensa local.
La ley aprobada asegura que la citada oficina “no cuenta con funciones públicas” y que “su creación solo servía los intereses políticos del Gobierno de Orbán para presionar a ciudadanos, medios y ONG".
La Szvh comenzó a funcionar, bajo del dirección de Tamás Lánczi, muy leal a Orbán, el 1 de febrero de 2024 para detectar e investigar actividades extranjeras o internas que, según su criterio, podrían poner en peligro la soberanía del país, influir en elecciones o en la voluntad electoral.
Aunque no tenía potestad para imponer sanciones, sí podía investigar a partidos políticos, ONG, iglesias, medios y particulares, además de elaborar informes públicos sobre sus pesquisas.
De hecho, la oficina ha acusado a entidades como Transparencia Internacional de realizar “actividades dañinas” y “difundir desinformación”.
La oposición húngara, medios independientes y organizaciones de derechos humanos denunciaron que las competencias de la oficina eran vagas y amplias, y advirtieron de que podía convertirse en un instrumento de intimidación política, comparable a tácticas de acoso a la disidencia atribuidas a Rusia.
El Consejo de Europa alertó de que sus poderes suponían un riesgo significativo para los derechos humanos, mientras que la Comisión Europea abrió un expediente contra Hungría por la creación de este organismo, y posteriormente el caso fue remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Despedida de la institución más dañina de Hungría”, tituló el portal independiente Telex.hu.su artículo sobre la decisión parlamentaria de hoy.