La organización, con sede en Miami, advirtió que la decisión sienta un precedente preocupante, al considerar que es una medida desproporcionada que puede afectar la libertad de prensa y la preservación del registro histórico en internet.
El fallo declaró fundada una demanda presentada por Lorena Bellina Schrader -entonces asesora del Ministerio de Agricultura-, quien había sido vinculada en dichas publicaciones con la organización delictiva conocida como Red Orellana, sobre la base del testimonio de una testigo ante una comisión investigadora del Congreso.
Posteriormente, un informe oficial no le atribuyó responsabilidad alguna. Aunque el medio incorporó actualizaciones a las notas, el Tribunal consideró que estas resultaban insuficientes. Como consecuencia de esa cobertura, la demandante fue cesada de su cargo, según reportes especializados.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que si bien no se desconoce el impacto que puede tener la difusión de información desactualizada, cuestionó que "la solución haya sido borrar el contenido, en lugar de aplicar medidas que limiten su difusión sin eliminarlo".
Agregó que la decisión resulta "excesiva y potencialmente peligrosa para la libertad de prensa y el registro de información histórica en línea".
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, subrayó que existen alternativas menos restrictivas, como la incorporación de actualizaciones más visibles, que permiten proteger a las personas sin eliminar contenidos periodísticos.
Ramos afirmó que "si se empiezan a borrar contenidos antiguos, se debilitará el registro histórico y el rol de la prensa en el seguimiento de temas de interés público".
La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está conformada por más de 1.300 medios de la región.