AI analizó los recientes pactos de gobierno en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde los conservadores del Partido Popular (PP) aceptaron postulados de Vox (extrema derecha) como dar preferencia a los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas, prestaciones y servicios sociales públicos.
En un comunicado, la ONG consideró que esos acuerdos "contienen medidas discriminatorias directas e indirectas y regresivas en derechos" al exigir "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
Por ello, concluye, la 'prioridad nacional' "podría incumplir" la obligación de no discriminar, ni directa ni indirectamente, en el acceso a derechos; la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y la de evitar medidas regresivas que empeoren las condiciones de vida de las personas.
También supondría la violación del principio del interés superior del menor, especialmente de los niños inmigrantes no acompañados, víctimas frecuentes de discursos criminalizadores, según AI.
En este sentido, la organización de derechos humanos pidió a esos cuatro gobiernos regionales que cumplan con las recomendaciones de refuerzo de las políticas sociales que el relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas hizo a España en 2020.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, declaró que "disfrazar el concepto de 'prioridad nacional' con la exigencia de requisitos que en la práctica suponen una barrera de acceso mayor para determinados colectivos es también discriminación".
El PP ganó las elecciones parlamentarias de las cuatro regiones citadas, pero con un número insuficiente de diputados, así que negoció con Vox en todas ellas para mantenerse en los gobiernos respectivos, además de dar entrada en ellos a miembros del partido de extrema derecha.