En un comunicado conjunto, afirmaron que algunas "partes del texto parecen tener como objetivo impedir que las víctimas de crímenes internacionales graves busquen justicia ante foros internacionales".
"Otras parecen consentir el desplazamiento forzoso, prolongado e indefinido de decenas de miles de residentes de vastas zonas del sur de Líbano ocupadas por las fuerzas israelíes", agregó la nota, firmada también por el Centro Libanés para los Derechos Humanos (CLDH), Agenda Legal, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Unión de Periodistas del Líbano.
Recordó que el acuerdo fue alcanzado tras meses de hostilidades que "han causado un daño inmenso a la población civil, incluyendo crímenes de guerra, violaciones del derecho internacional humanitario y graves abusos contra los derechos humanos".
Sin embargo, aseguró que su cláusula 13 compromete a los gobiernos de Israel y Líbano a cesar "toda acción hostil o adversa en foros políticos o jurídicos internacionales".
Consideró que "en la medida en que este acuerdo se interprete como un impedimento para que Líbano e Israel recurran a tribunales internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), contradiría las obligaciones jurídicas internacionales de ambos países de exigir responsabilidades por los graves crímenes internacionales cometidos en sus territorios".
"El acuerdo no parece comprometer a Israel a detener ninguna iniciativa en foros internacionales contra (el grupo libanés chií respaldado por Irán) Hizbulá", agregó.
También consideró que "la cláusula 3 viola el derecho internacional y la prohibición del desplazamiento forzoso, al condicionar el retorno de los residentes a zonas específicas a lo largo de la frontera, actualmente ocupadas por Israel, al desarme exitoso de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura".
"Las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones merecen justicia. Cualquier acuerdo que no priorice sus derechos a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación fracasará debido a la impunidad que genera", dijo en la nota la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
El comunicado afirmó que las ONG firmantes han documentado desde 2023 "las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario y los presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí en Líbano".
"Estos incluyen ataques directos contra bienes civiles y civiles, ataques indiscriminados y otros ataques ilícitos que han causado la muerte de personal médico, periodistas y familias enteras; y el uso ilícito de fósforo blanco, que provoca quemaduras terribles, sobre zonas residenciales".
También "el lanzamiento de cohetes no guiados por parte de Hizbulá contra el norte de Israel, que han causado la muerte y heridas a civiles de forma ilegal".
"Este acuerdo no solo corre el riesgo de afianzar aún más la impunidad, sino que incluye una cláusula que indica que la conveniencia política prevalece sobre los derechos fundamentales de quienes han sufrido violaciones atroces", señaló la directora de programas de HRW, Lama Fakih.
Los grupos instaron a las autoridades en ambos países a adherirse al Estatuto de Roma de la CPI y presentar una declaración en la que aceptan su jurisdicción para investigar y enjuiciar los crímenes de derecho internacional cometidos en territorio libanés.
También pidieron al Parlamento libanés "establecer un marco jurídico para estos esfuerzos mediante la aprobación, sin demora, de una ley que tipifique como delito los crímenes de guerra y otros actos que constituyen crímenes de derecho internacional, de conformidad con las normas internacionales".