“Han transcurrido seis meses ya desde que las fuerzas de seguridad de Irán mataron ilícitamente a miles de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el país en sólo dos días, y es indefendible que la comunidad internacional no haya adoptado medidas significativas para promover la justicia internacional”, dijo en un comunicado la directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y Norte de África, Diana Eltahawy.
“Eso contribuye a perpetuar un círculo vicioso de represión letal en el que sobrevivientes y familiares de víctimas no obtienen justicia, y hace que las atrocidades sean prácticamente inevitables en el futuro”, añadió.
Las protestas comenzaron en Teherán el 28 de diciembre por la caída del rial y fueron creciendo pronto hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.
El Gobierno iraní ha situado en 3.117 el número de muertos en las protestas, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE. UU., eleva esa cifra a más de 7.000.
Eltahawy afirmó que las autoridades iraníes “no han sufrido ninguna consecuencia por utilizar medios letales de forma intencionada, reiterada e ilícita y a escala masiva para reprimir y castigar la disidencia”.
Y ello, en su opinión, ha llevado a que esas autoridades “se crezcan y amenacen con más masacres masivas a manos de unas fuerzas de seguridad de 'gatillo fácil' que actúan contra manifestantes y disidentes a quienes tachan de ‘enemigos”.
Así, AI reiteró sus llamamientos a la comunidad internacional y los Estados miembros de la ONU para que "apoyen la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de la República Islámica a la Corte Penal Internacional”.