El proyecto de ley fue aprobado por 139 de los 140 asambleístas presentes en el hemiciclo, entre ellos los de la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición al Gobierno del presidente Daniel Noboa que actualmente está suspendido, quienes señalaron que apoyarían la iniciativa aunque consideraban que no era la "solución" a los problemas de inseguridad que vive el país.
La oficialista Rosa Torres, quien fue la ponente del proyecto, señaló que la Ley de Extradición vigente "no establecía ni responsabilidades ni plazos", por lo que aunque había procesos que debían demorar dos años, en realidad superaban los seis años.
"Lo que estamos haciendo es acortar los plazos, previamente establecer responsabilidades, para que no sean dos años sino que sean 45 días. Y se crea una unidad técnica especializada para que analice cada proceso y así poder dotar de mayor celeridad", afirmó previo al inicio del debate y votación.
Torres añadió que el propósito es que sea una herramienta para "combatir el crimen organizado" a través de la cooperación internacional.
Durante el debate, la asambleísta también recordó que en 2024 los ecuatorianos aprobaron en un referéndum que se elimine la prohibición que regía en la Constitución de entregar a connacionales requeridos por la Justicia de otros países.
Esto permitió que el año pasado el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), líder de Los Choneros, la banda más antigua que opera en Ecuador, se convirtiera en el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos desde territorio nacional.
"Hoy estamos estableciendo reglas claras para que tengamos más casos como el de Fito, que sean (extraditados) la mayor cantidad de cabecillas criminales que están teniendo en zozobra a muchas provincias y a muchos sectores del país", añadió.
Después de Fito, Ecuador ha extraditado a EE.UU. a otros cabecillas de Los Choneros requeridos por la Justicia de ese país.
Según el Legislativo, la normativa incorpora definiciones técnicas sobre los procesos de extradición activa y pasiva, define el rol de la Justicia y la diplomacia en esta materia, y reduce la discrecionalidad en sus actuaciones.
Además, determina que no se concederá la extradición cuando se trate de delitos de carácter político, entre otras razones.
Tras la aprobación, el documento fue remitido al presidente Daniel Noboa, que deberá sancionarlo u objetarlo.