En un comunicado emitido este jueves, la CNDH indicó que entre estas violaciones graves están al derecho humano a la libertad, por uso excesivo de la fuerza, por tortura y desaparición forzada en agravio de 40 estudiantes normalistas.
Además, por violaciones graves al derecho humano a la integridad física y a la vida, por uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, así como por violaciones al derecho a la verdad y a la justicia por una inadecuada procuración de justicia en agravio de las víctimas directas sobrevivientes y de sus familiares.
En el documento, la CNDH reconoce solamente a 40 estudiantes desaparecidos de los 43 y explica que los otros tres señala que fueron "víctimas de ejecución extrajudicial".
La Comisión señaló que la resolución busca, además de contribuir al acceso a la verdad y a la justicia, "ser un balance necesario y amplio de lo ocurrido hace más de 11 años, y de lo que sucedió después".
"Este instrumento recomendatorio es una defensa de los derechos humanos de las víctimas indirectas que llevan casi 12 años luchando, y de las víctimas directas sobrevivientes que ni siquiera han contado con el apoyo para reconstruir sus proyectos de vida al que se suponía tenían derecho", apuntó.
La recomendación, señaló la CNDH, "plantea la necesidad de fortalecer una atención nacional y soberana del caso, que convoque a las autoridades, a todas, de la mano con las víctimas, a formar un frente común para brindar una respuesta conjunta e institucionalmente articulada frente a la gravedad, complejidad y dimensión humana del caso".
Su propósito, añadió el organismo, "no es agotar la complejidad del análisis y las investigaciones del caso, sino abonar a su comprensión y resolución desde diversos aspectos que se estiman relevantes".
Entre ellos, el análisis de la construcción de diversas narrativas a lo largo del tiempo, la naturaleza de la participación de la asistencia internacional, la priorización de determinadas versiones para la investigación del caso y las implicaciones de todo ello en el aplazamiento de su resolución.
La recomendación está dirigida a 22 autoridades, entre ellas, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
El pasado 12 de junio, el Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 urgió a la Secretaría de Gobernación de México a convocar a las instituciones involucradas en el caso para revisar los avances de la investigación, retomar líneas pendientes y evitar la criminalización de sus protestas.
Los padres acusaron que desde 2024 se abandonaron líneas de investigación impulsadas tras el descrédito de la llamada “verdad histórica”, versión oficial del Gobierno anterior a 2018, que la CoVAJ consideró un montaje para encubrir responsables y ocultar el paradero de los normalistas.