En un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal tachó de "absolutamente falsas" el contenido de dos columnas publicadas en dos periódicos mexicanos que sostenían que Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se encuentra resguardado por el Ejército en un recinto militar tras un operativo para cambiar la ubicación del político, cuya detención urgente con fines de extradición reclama Washington.
"Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país", afirmó la dependencia gubernamental.
En este sentido, señaló que en la Administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, "no se protege a nadie" y descartaron que existan acciones para "ocultar a ninguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras".
Por último, el Gabinete de Seguridad defendió su labor en la detención de más de 56.000 personas durante el actual sexenio de Sheinbaum por "delitos de alto impacto", incluidos 87 servidores públicos "vinculados con actividades delictivas".
"A través de trabajos de inteligencia e investigación, se han combatido no solo los liderazgos criminales, sino también sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento", concluyeron las autoridades mexicanas.
Al ser cuestionada por esta polémica en su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México insistió en que "no vamos a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas", al tiempo que defendió la negativa de su Ejecutivo de detener al gobernador de Sinaloa por la falta de indicios.
Asimismo, Sheinbaum destacó que Rocha Moya "está en su casa" en Culiacán (capital de Sinaloa) y que "ni siquiera cuenta con protección federal", por lo que atribuyó esta información a un intento de "dañar al Gobierno".
Por último, acusó a EE.UU de recurrir "muchas veces" a la acusación de narcotráfico para "tener una situación de injerencia o debilitamiento" en un país.
El Departamento de Justicia estadounidense acusó en abril al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios del estado de colaborar a cambio de sobornos con el grupo criminal Los Chapitos, facción del poderoso Cartel de Sinaloa.