En un viaje de más de dos horas desde el casco urbano del municipio de Pueblo Nuevo, policías, funcionarios y campesinos avanzan por un camino de tierra hasta llegar a la vieja casa principal del predio donde el techo de zinc se ve oxidado, la pintura blanca apenas resiste el paso del tiempo y la maleza cubre los jardines de una hacienda donde el silencio parece haberse instalado hace años.
Sobre una mesa de madera reposa un mapa satelital de la finca, que tiene una extensión similar a la de la isla caribeña de San Andrés y, a su lado, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, lee la resolución que oficializa la recuperación del predio.
Este trámite administrativo representa para cerca de un centenar de familias campesinas la posibilidad de volver a una tierra que ya les había sido adjudicada y de la que nunca pudieron tomar posesión.
La Palmira fue incluida en el Fondo para la Reparación de las Víctimas después de que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, la señalara entre los bienes entregados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y declarara que desde allí se coordinaban operaciones armadas y financieras de ese grupo.
Sin embargo, durante años la hacienda permaneció en manos de particulares que la explotaban sin ser sus propietarios y sin que el Estado obtuviera recursos para reparar a las víctimas.
Para Harman, La Palmira simboliza una política con un doble propósito: convertir una antigua hacienda del paramilitarismo en tierra para campesinos y, al mismo tiempo, aportar recursos para reparar a las víctimas del conflicto. "Es una inversión con dos propósitos comunes en el Estado colombiano", resume.
La ANT adjudicó La Palmira a varias organizaciones campesinas en julio de 2025, pero acciones judiciales, disputas sobre la delimitación del terreno y denuncias de amenazas impidieron que los beneficiarios pudieran ocuparla.
Por eso la ANT regresó para recuperar el control de la propiedad, definir una servidumbre de paso por una finca vecina y garantizar el ingreso de las comunidades.
"Cintura hace rato que no venía cosechando porque no tenía dónde", dice Santiago Manuel Arroyo Rivera, representante legal de la organización campesina Raíces de San José de Cintura, un corregimiento (aldea) de Pueblo Nuevo, cercano a La Palmira, mientras observa la inmensidad de los potreros donde espera sembrar junto con otras 97 familias.
"Muchos campesinos están buscando un pedazo de tierra para trabajar. La expectativa es grande porque queremos convertir esta zona en una despensa agrícola", afirma.
Pero mientras decenas de familias esperan cultivar la hacienda, buena parte de sus casi 2.000 hectáreas permanecen prácticamente improductivas. Durante el recorrido apenas se ven unos pocos animales que se pierden entre el verde intenso de la maleza que cubre los potreros.
"Hemos recorrido más de 1.100 hectáreas y no encontramos mayor aprovechamiento distinto a unos pocos búfalos y algunos caballos", asegura Harman, quien afirma que el siguiente paso será garantizar condiciones de seguridad para los beneficiarios, después de denunciar supuestos hostigamientos y amenazas contra organizaciones campesinas de la zona.
A menos de un mes de que concluya el Gobierno de Petro, el próximo 7 de agosto, La Palmira se ha convertido en una de las imágenes de la reforma agraria que la Administración busca dejar como uno de sus principales legados, una política que, según cifras oficiales, formalizó más de 2,28 millones de hectáreas, entregó 351.000 e incorporó otras 806.081 al Fondo de Tierras.
Para las familias campesinas, la verdadera recuperación no empezó con la firma de una resolución sino con la posibilidad de regresar a una tierra tomada durante años por el miedo y el abandono y donde ahora esperan que vuelvan a crecer el maíz, el ñame y el arroz.