En su artículo, la organización exige que el gobierno cubano "debe liberar de inmediato e incondicionalmente" a todos los presos políticos y "poner fin a su represión sistemática" contra la disidencia.
HRW afirma que los tribunales cubanos condenaron "a muchos de ellos a pesar de que ejercían legítimamente su libertad de expresión y de asociación".
Asimismo señala que a otros de los manifestantes "se les acusó de delitos violentos, como lanzar piedras, basándose en pruebas poco confiables o sin corroborar, y se les impusieron penas de prisión desproporcionadas".
La ONG refiere que habló con personas que, "luego de salir de prisión, describieron graves abusos durante su detención, entre ellos golpes, aislamiento y falta de atención médica".
Destaca casos específicos como el del activista y artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien esta semana fue retirado de la prisión con "una liberación condicionada al exilio".
También menciona a reclusos como Juan Enrique Pérez Sánchez, Duannis Dabel León y Lizandra Góngora, quienes "enfrentan maltratos y negligencia sanitaria".
En el caso de Pérez Sánchez, uno de los manifestantes del 11J, HRW sostiene que está cumpliendo una condena de ocho años por "desacato, desórdenes públicos y sabotaje" y señala que Los fiscales cubanos lo acusaron de arrojar piedras, basándose en "huellas de olor" que supuestamente se encontraron en las piedras.
En ese sentido cita que expertos forenses del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura dijeron a HRW que dichos rastros "no deben considerarse como evidencia con base científica".
La organización exige que el gobierno cubano "debe liberar de inmediato e incondicionalmente" a todos los presos políticos y "poner fin a su represión sistemática" contra la disidencia.
Según han denunciado organizaciones de derechos humanos, las masivas protestas antigubernamentales del 11J hace cinco años, las mayores en décadas en Cuba, finalizaron con la detención de más de 1.400 personas.